El regulador de valores de la provincia canadiense de la Columbia Británica ha declarado que no sus responsabilidades no abarcan la regulación de la problemática en torno al exchange de criptomonedas QuadrigaCX. Recordemos que este debe millones de dólares a sus clientes, los cuales se encuentran bloqueados en una computadora portátil bajo encriptado.

Brian Kladko, portavoz de la Comisión de Valores de la Columbia Británica, el regulador de valores de la provincia, informó al portal Reuters que en vista de que QuadrigaCX, cuya sede se ubica en Vancouver, BC, no negociaba valores o derivados, el caso se escapaba de sus competencias.

Los Administradores de Valores de Canadá (CSA, por sus siglas en inglés) también aclararon que nunca habían regulado ninguna plataforma de criptomonedas como un mercado por ellos. La CSA es una organización paraguas que comprende a los reguladores provinciales de valores del país.

“Ninguna plataforma de comercio de activos criptográficos ha sido regulada como un mercado por los reguladores de valores canadienses”.

Po su parte, Ilana Kelemen portavoz de  CSA, advirtió a los canadienses sobre los riesgos de invertir en criptomonedas en plataformas comerciales, también a través de un correo electrónico:

“La CSA continúa instando a los canadienses a ser cautelosos al considerar la compra de crypto-activos a través de plataformas comerciales”.

Como hemos informado en entradas anteriores, Gerald Cotten, fundador y CEO de la empresa de comercio QuadrigaCX murió en diciembre, dejando a su personal sin acceso a la computadora a través de la cual se accede a los fondos. La suma alcanza US$ 190 millones en criptomonedas y dinero fiat propiedad de los clientes de la plataforma.

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La muerte del CEO ha generado una serie de preocupaciones y teorías sobre el estado real del exchange, tomando en cuenta la secuencia de los eventos que precedieron a la situación actual. Desde entonces, el equipo ha intentado proteger a los acreedores en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, a fin de acceder al dinero y reembolsarlo a sus usuarios. A ello, el tribunal otorgó una suspensión de 30 días para intentar resolver la situación.

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