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El regulador financiero japonés está interesado “llenar” un vacío legal que le permite a las empresas de inversión no registradas solicitar fondos en criptomonedas en lugar de moneda fiduciaria.

De acuerdo con un reporte de este martes del Sankei Shimbun, la Financial Service Agency (FSA) japonesa planea realizar revisiones para obligar a dichos esquemas a cumplir con la ley de Instrumentos Financieros y Casas de Cambio, si bien aún no han presentado una fecha estimada para esto.

Actualmente, dicha ley les prohíbe a los esquemas no registrados recaudar fondos en moneda fiduciaria, aunque no hace mención alguna a los activos digitales.

Este problema ha captado la atención del ente regulador en medio de las incidencias cada vez más comunes relacionadas con los esquemas piramidales de criptomonedas en el país.

En noviembre, por ejemplo, la policía de Tokio arrestó a 8 acusados de conducir un esquema fraudulento de inversión con criptomonedas que generó 7.8 millardos de yenes, unos 69$ millones de dólares, gracias a miles de víctimas.

Disminuye el número de consultas relacionadas con las criptomonedas en Japón

Estos 8 acusados supuestamente recolectaron la mayoría de los pagos en Bitcoin (BTC), además de otros 500 millones de yenes (unos 4.40 millones de dólares) en efectivo, bajo la cobertura de una supuesta firma de inversión llamada Sener.

Asimismo, es importante recordar que el ente regulador financiero nipón estuvo regulando activamente la industria de criptomonedas desde el colapso de Mt Gox en 2014, cuando fue víctima de un hackeo y supuesta malversación de fondo y se vio obligado a declararse en bancarrota.

De esta forma, el ente ha tomado medidas que incluyen instaurar una licencia para casas de cambio de criptomonedas y someter a dichas plataformas a un duro escrutinio sobre su seguridad y cumplimiento de leyes anti-lavado de dinero.

Ayer, la agencia supuestamente consideró aprobar un Exchange-Traded Fund (ETF) basado en criptomonedas. Al mismo tiempo, sin embargo, parece que desechó sus planes de aprobar operaciones de derivados de criptomonedas en mercados financieros debido a preocupaciones sobre la especulación que puedan generar.

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