El organismo regulador del estado Texas emitió recientemente una medida de emergencia para prevenir que empresas en la región ofrezcan inversiones en criptomonedas o productos relacionados.

La medida está siendo coordinada por la Junta de Valores de Texas, la cual anunció que:

El Comisionado de la Junta de Valores del estado emitió una medida provisional este jueves 11 de julio para frenar a las compañías asociadas al comercio descentralizado de ofrecer planes de inversión fraudulentos en monedas digitales a los residentes de Texas.

El comunicado surge tras el dictamen de la orden ‘cese y desista’ a un grupo de compañías que estaban vinculadas con la venta ilícita y no registrada de valores, entre las que contamos a Mintage Mining LLC, Symatri LLC, NUI Social, Social Membership Network Holding LLC y BC Holdings e Investments LLC, todas dirigidas por Darren Olayan de Utah.

Las alegaciones apuntan a que ‘Mintage Mining LLC’ estuvo asociada con la venta de inversiones ‘fraudulentas e ilegales’; así como ‘Symatri LLC’ que estaba involucrada con la venta de hardware de equipos preconfigurados para minar Kala y tokens ERC-20.

A pesar de las medidas en su contra, el responsable sostiene su postura de que alrededor de 13.000 usuarios están suscritos a su red comercial y han admitido participación en la ICO Kala, la cual vendió más de 814 millones en tokens y recaudó unos $8.5 millones de dólares bajo acciones legales.

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Sumado a lo anterior, los reportes de las autoridades señalan que los movimiento de las acciones e inversiones de las compañías de Olayan crecieron de 500% a 4.000% en tan sólo 10 semanas.

En detalle, la Junta de Valores de Texas comentó que:

Las violaciones incluyen hacer declaraciones engañosas al público. Olayan y Mintage Mining, por ejemplo, les dicen a los inversores que Mintage cumple con las leyes de valores, siempre se mantiene por delante de la regulación de criptomonedas y permanecen firmes en su apego a las leyes locales.

No obstante, ninguna de las firmas parece estar registrada ante los entes de seguridad de valores del estado, ni han recibido un permiso especial para operar en ninguna parte de los EE. UU.

Por el momento, la orden sigue en pie, impidiendo las transacciones de cualquier tipo, así como las negociones e inversiones adicionales por parte de las firmas del sospechoso. Aunque ninguna acción de sanción ha sido ratificada, se espera una pena severa, sumada al pago de altas fianzas de continuar con dichas actividades.

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